Organizacion del estado español
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La política de España se desarrolla en el marco establecido por la Constitución de 1978. España se constituye como un país soberano social y democrático[1] en el que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado[1].
La forma de gobierno en España es una monarquía parlamentaria,[1] es decir, una monarquía constitucional social y democrática representativa en la que el monarca es el jefe del Estado, mientras que el presidente del Gobierno -cuyo título oficial es «Presidente del Gobierno»- es el jefe de gobierno. El poder ejecutivo lo ejerce el Gobierno, que está integrado por el primer ministro, los vicepresidentes del gobierno y otros ministros, que colectivamente forman el Gabinete o Consejo de Ministros. El poder legislativo corresponde a las Cortes Generales, un parlamento bicameral constituido por el Congreso de los Diputados y el Senado. El poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo, administrando justicia en nombre del Rey por medio de jueces y magistrados. El Tribunal Supremo de España es el más alto tribunal de la nación, con jurisdicción en todos los territorios españoles, superior a todos en todos los asuntos excepto los constitucionales, que son competencia de un tribunal distinto, el Tribunal Constitucional.
Organizacion del estado español 2021
La migración a España siempre ha existido, pero no ha sido hasta 1990 cuando se ha convertido en un importante fenómeno demográfico y económico. En España viven 5.294.710 extranjeros (datos MEYSS marzo 2012) que representan más del 12% de la población total. Entre estas cifras, 2.563.803 extranjeros pertenecen al Régimen Comunitario (de países de la Unión Europea), y 2.730.907 extranjeros proceden de países de fuera de la UE (Régimen General), esto supone un 0,83 por ciento más que el trimestre anterior.
La inmigración en España no es homogénea, sino que predomina la precedencia de regiones con una cultura similar; tal es el caso de la Unión Europea, América Latina y el Norte de África. Los países de origen de la mayoría de los inmigrantes son Rumanía, Marruecos, Ecuador y Colombia, seguidos de los residentes en Gran Bretaña, Italia, Bulgaria, China y Bolivia.
La crisis económica ha afectado gravemente a España; el país tiene una tasa de desempleo del 24,63% (EPA 2T 2012,) una de las más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta tasa ha afectado a sectores productivos como los servicios y la construcción que emplean a inmigrantes, lo que ha provocado una elevada tasa de desempleo entre ellos.
Senado español
La división política del Reino de España está definida en la Parte VIII de la Constitución española de 1978, que establece tres niveles de organización territorial: municipios, provincias y comunidades autónomas,[1] constituyendo el primer grupo las subdivisiones del segundo, y el segundo las subdivisiones del último. El Estado[2] garantiza la realización del principio de solidaridad procurando establecer un equilibrio económico entre las distintas zonas del territorio español[2].
Las comunidades autónomas se constituyeron en ejercicio del derecho a la autonomía o autogobierno que la Constitución garantiza a las nacionalidades y regiones de España,[3] al tiempo que declara la indisoluble unidad de la nación española. [4] Las comunidades autónomas gozan de una forma de organización territorial muy descentralizada, pero basada en la desconcentración, por lo que España no es una federación,[5] ya que el Estado es superior a las comunidades y conserva la plena soberanía[5] A falta de una definición explícita en la Constitución, el Tribunal Constitucional de España ha calificado este modelo de organización territorial como «Estado de las Comunidades Autónomas», para no dar a entender ningún modelo concreto[5].
El gobierno local en españa
La división política del Reino de España está definida en la Parte VIII de la Constitución española de 1978, que establece tres niveles de organización territorial: municipios, provincias y comunidades autónomas,[1] constituyendo el primer grupo las subdivisiones del segundo, y el segundo las subdivisiones del último. El Estado[2] garantiza la realización del principio de solidaridad procurando establecer un equilibrio económico entre las distintas zonas del territorio español[2].
Las comunidades autónomas se constituyeron en ejercicio del derecho a la autonomía o autogobierno que la Constitución garantiza a las nacionalidades y regiones de España,[3] al tiempo que declara la indisoluble unidad de la nación española. [4] Las comunidades autónomas gozan de una forma de organización territorial muy descentralizada, pero basada en la desconcentración, por lo que España no es una federación,[5] ya que el Estado es superior a las comunidades y conserva la plena soberanía[5] A falta de una definición explícita en la Constitución, el Tribunal Constitucional de España ha calificado este modelo de organización territorial como «Estado de las Comunidades Autónomas», para no dar a entender ningún modelo concreto[5].
